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---------(Tomado de La Jornada, de México)
La decisión de nacionalizar el petróleo tomada por la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner es un paso trascendental en la
conquista de la segunda independencia de Argentina y de toda América Latina. El
hidrocarburo fue controlado por el Estado desde el primer gobierno de Hipólito
Irigoyen hasta su privatización por el ultraneoliberal Carlos Ménem (1992).
El decreto enviado al Congreso por Cristina, cuya aprobación
contará con importantes votos opositores,expropia casi la totalidad de las acciones de la nominalmente española
Repsol en Yacimientos Petrolíferos Fiscales(YPF) -el 51 por ciento-, declara de
“interés público” el logro del “autoabastecimiento de la producción de
hidrocarburos y también las tareas “de explotación, industrialización,
transporte y comercialización”.
Asienta legalmente el fin de la primacía del capital sobre
un recurso cuyo carácterfinito, de
seguridad nacional y objeto de desaforadaespeculación, así como su condición de palanca de desarrollo, exige como
ninguno quedar bajo la total rectoría del Estado. YPF, fundada en 1922 por el
legendario general Enrique Mosconi, su arquitecto y director durante ocho años,
fue una entidad pública por la que los argentinos sintieron siempre un enorme
orgullo, no sólo por su abastecimiento del mercado nacional sino su ostensible
contribución al desarrollo económico y social y su condición de símbolo de
soberanía.
Conviene recordar que las empresas de origen español han
hecho su agosto en América Latina durante las décadas neoliberales mediante
corruptos contubernios con personeros de los gobiernos que abierta, o
solapadamente, han entregado sus bienes públicos y recursos naturales a la
voracidad de aquellas. Algunas han comprado a precio de ganga para rápidamente
convertirse en boyantes transnacionales como es el caso de Repsol, que debe su
trasformación en gran empresa al saqueo de Argentina, o de los bancos BBV o
Santander, cuyas utilidades dependen de sus filiales en la región.
El gobierno argentino responsabiliza a Repsolcon la caída de 54 y 97 por ciento
respectivamente de la producción de crudo y gas entre 1998 y 2011, como
resultado de su política de explotación máxima de los pozos ya existentes
cuando se privatizó YPF.Repsol-YPF
apenas invirtió en todo ese tiempo en la exploración y desarrollo de nuevos
yacimientos e infraestructura pues remesaba a su casa matriz el grueso de los
beneficios(13 426 millones de dólares) y seguía una arbitraria política de
precios, altamente lesiva para la economía argentina. Reconvenida por Buenos
Aires anteriormente, la gota que colmó la copa fue la factura de combustibles
que por valor de 9 397 millones de dólares se vio obligado a importar el país
austral en 2011, una grave amenaza para su balanza comercial. Con el alto crecimiento
del PIB que ha mantenido nueve años y en medio de la profunda crisis energética
y de la economía capitalista mundial, para Argentina es indispensable asegurar
el autoabastecimiento e incluso la exportación de combustible, como argumenta
el decreto. Cristina ha señalado que la medida forma parte de la integración y
seguridad energética suramericana, que se sella, dijo, con el ingreso de
Venezuela al Mercosur.
La iniciativa prevé el fomento de la inversión extranjera
privada en el sector energético y las alianzas con empresa públicas de otros
países. Es totalmente falso que ahuyentará de Argentina a los inversionistas
como arguyen los neoliberales. Existe un enormeinterés del capital internacional por asociarse con el país rioplatense,
cuyas reservas de crudo no tradicional se calculan en 116 millones de barriles.
Argentina ha dicho que pagará a Repsol según sus leyes pero
la transnacional exige una cantidad desmesurada que ya Buenos Aires ha
rechazado.El gobierno de Rajoy, en una
trasnochada actitud colonialista no ha cesado de lanzar amenazas contra la Casa Rosada. En lugar
de hacer algo por mejorar la dramática situación de los españoles -que
comienzan a emigrar a Argentina-, continúa hundiéndolos en una insondable
catástrofe social. Pero eso sí, defiende a una empresa connotada evasora fiscal
enEspaña con mayoría de capital no
español, que en nada beneficia a los habitantes del reino. Mientras Brasil,
Venezuela, Uruguay y Bolivia han expresado su solidaridad con Argentina -como
lo harán otrosgobiernos y los pueblos
de nuestra América- Washington se une a las derechas hispanoamericanas en la
defensa de Repsol. ¿Por qué será?
